La muerte de un joven trabajador precario

Samuel era repartidor de la franquicia de Telepizza ubicada en Santa Isabel (Zaragoza). Tras sufrir un grave accidente laboral en 2014 se encontraba hasta el día de hoy en coma. El pasado viernes 3 de marzo tras sufrir complicaciones internas, murió.

Desde la sección sindical de CGT en Telepizza queremos hacer llegar nuestras condolencias a su familia y sus allegados. Samuel ha estado en nuestro pensamiento -y lo estará- desde entonces.

El 4 de julio de 2014 Samuel se encontraba en su jornada laboral cuando sufrió un grave accidente laboral en un cruce de calles del polígono industrial de La Puebla de Alfindén -provincia de Zaragoza-. Quedó demostrado la absoluta responsabilidad del conductor que arrojó -incumpliendo las normal de seguridad vial- a Samuel.

El repartidor cumplía correctamente todas las normas de circulación. Cuando llegó la asistencia médica al lugar del accidente, el joven trabajador no llevaba puesto el casco, porque lo había perdido tras los dos fuertes golpes. El juez afirmó que se había comprobado que el joven llevaba abrochada la correa del casco, elemento importante para demostrar el buen uso del mismo por parte del repartidor.

Los graves hechos provocaron una gran conmoción entre todos los trabajadores y trabajadoras de las tiendas de Telepizza en Zaragoza. Samuel, repartidor de una franquicia de Telepizza era un compañero de trabajo, por lo menos así lo sentimos nosotros. Más aún cuando comprendemos perfectamente los riegos de seguridad que supone salir a repartir con escasas medidas de seguridad.

Los paros de la solidaridad

Los días posteriores al accidente de Samuel, los empleados de distintas tiendas, a propuesta de los delegados sindicales de CGT en Telepizza, mostramos nuestro apoyo realizando dos paros solidarios -el 26 de julio y el 1 de agosto-.

Exigiendo, además. la mejora de las medidas de seguridad laboral. Los paros cosecharon mucho apoyo, muchos trabajadores y trabajadoras quisieron salir a mostrar su apoyo a Samuel, simple y llanamente. Pero este acto de humilde solidaridad con un compañero de trabajo no le gustó a la empresa.

Al mismo tiempo, con esta medida, queríamos reivindicar mejoras en la seguridad de los repartidores, precisamente para evitar desgracias como las acontecidas. Para que no se repita esta tragedia de Samuel.

Estos paros de solidaridad fueron algo inédito en la historia de Telepizza en el Estado español: las dos primeras huelgas parciales que los trabajadores convocan desde que el magnate Fernández Pujals fundara Telepizza a finales de los 80.

Para Telepizza lo que prima son los beneficios, no la seguridad

Al día de hoy la dirección de la empresa sigue negándose a mejorar sustancialmente la seguridad a pesar de los abultados beneficios obtenidos. De 2014 a 2017 la empresa no ha incorporado ni un solo equipo de protección individual (EPI) al único existente, el casco.

Como decíamos en su día, la dirección de la empresa ha pretendido siempre responsabilizar a los trabajadores de los accidentes sufridos. CGT Telepizza denuncio estos “bulos” lanzados por la empresa tras el accidente de Samuel y solicitamos una investigación exhaustiva por el suceso ocurrido en Santa Isabel, pero la empresa se negó a ello por considerar que el repartidor “pertenecía a otra empresa” alegando que éste trabajaba en un establecimiento propiedad de una franquicia de la multinacional.

En materia de seguridad, CGT presentó un informe exhaustivo -además de las reivindicaciones recogidas entre los trabajadores- ante el cual la empresa hizo oídos sordos. Al parecer para la empresa es suficiente con cascos “quita-multas”. Es más, cuando en su día desde CGT preguntamos cuánto dinero iba a destinar la empresa para hacer efectivas las demandas, la patronal respondió que en realidad todo dependía de la inversión financiera. Es decir, que, al parecer, los planes de inversión de la multinacional volvieron a valer más que la protección y la salud de los trabajadores.

Para Telepizza, “inversión” significa mayor remuneración para los accionistas. Cuando los trabajadores exigimos mayor dotación para seguridad se alega que “no hay dinero en este momento”, una excusa poco elaborada. Recordemos que ganaron 328,9 millones de euros de ingresos netos en 2015 y 57,7 millones de resultado bruto de explotación (EBITDA). El presidente de Telepizza, Pablo Juantegui, cobrará 9,35 millones tan solo por realizar la operación de entrada a bolsa. Y el restante de directivos también ha recibido 28,4 millones en incentivos. El propio Juantegui ya dejo clarísimo que estos grandes beneficios irían destinados a “hacer una remuneración a los accionistas”.

Desgraciadamente, no existe una ley que obligue a una empresa el cumplimiento de normas de seguridad vial que protejan al trabajador cuando se juega su vida en las calles repartiendo. Hasta ahora, ningún gobierno de ningún “color político” ha querido hacer una medida similar, y no es de extrañar, porque las leyes están hechas para beneficiar a los empresarios. Ayuntamientos, como el de Zaragoza en Común, deberían tomar nota de una de las reivindicaciones más urgentes de este sector de la juventud precaria y aprobar urgentemente una ordenanza que obligase a las empresas de reparto a domicilio a equipar con EPIs de primera a todos sus trabajadores.

La lucha por la seguridad de los trabajadores y contra la precariedad laboral es una de nuestras prioridades. Es por esta razón que desde CGT Telepizza no solo venimos peleando dentro de la empresa, sino que además hemos lanzado #ValemosMasQueEsto, una campaña pública contra la precariedad laboral, para llamar a más trabajadores a seguir el mismo ejemplo; unirnos para decir basta.

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